Año de publicación: 2014

Trayectorias disimiles en la conformación de la estructura de ingresos de las provincias argentinas. Elementos para repensar la politica tributaria, provincia de Buenos Aires

Resumen

Argentina es un país con un sistema político federal cuya administración recae en tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Sin embargo las responsabilidades entre ellas no están exenta de inconvenientes. La falta de claridad, superposición de funciones y asimetría en la descentralización de gastos en relación a las fuentes de financiamiento constituyen los ejes de la problemática del federalismo fiscal en Argentina.

Según la Constitución el gobierno federal interviene en cuestiones de relaciones exteriores, emisión monetaria, regulación del comercio, navegación y defensa. Las provincias absorben las competencias que no hayan sido explícitamente atribuidas al gobierno federal y la definición de las funciones de municipios. Otras como educación y servicios de seguridad social son compartidas entre provincias y Nación que pueden generar un solapamiento de provisión de servicios entre niveles de gobierno.

El financiamiento es una trama de vericuetos. La excepción son los gravámenes sobre el comercio exterior, los cuales recaen dentro de la órbita de la Nación. Para el resto de los tributos, la Constitución fija un esquema de asignación para impuestos indirectos; los directos son exclusivamente provinciales, la Nación puede utilizarlos por un plazo limitado y  circunstancias especiales. Estas potestades tributarias conducirían a un sistema de doble imposición con el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Salvo reglas difusas de federalismo fiscal, la mayoría de los tributos los recauda el gobierno nacional y las provincias tienen facultad para recolectar cuatro impuestos: ingresos brutos, sellos, inmobiliario y automotor. La recaudación de estos tributos les permite a las provincias, en promedio, financiar cerca del 40% de sus gastos; y el remanente de los fondos necesarios, los obtienen de las transferencias de origen nacional y de la emisión de deuda.

Posteriormente, se sancionaron normas complementarias que modificaron el esquema de reparto de recursos entre la Nación y las provincias, aunque la mayoría de las cuales terminaron perjudicando aún más a estas últimas. Como resultado, las transferencias recibidas por las provincias comenzaron a reducirse en relación a la recaudación nacional. Esta situación se acentúa con la reinstauración de los derechos de exportación y de la incorporación del impuesto a los créditos y débitos bancarios, los cuales son solo parcialmente coparticipables.

Además de las falencias mencionadas respecto al régimen de transferencias intergubernamentales, resulta evidente que el federalismo fiscal en la Argentina adolece de fuertes desbalances, asociados al proceso de descentralización asimétrico caracterizado por un crecimiento en la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto que no ha sido proporcional al incremento de los recursos. En consecuencia, la brecha entre los gastos y recursos a nivel subnacional se ha ido ampliando en los últimos años de la mano de la persistencia de las disparidades de ingresos interjurisdiccionales.

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