Las nuevas reglas de investigación y juzgamiento de delitos y ejecución de sanciones constituyen un importante desafío para el Ministerio Público Fiscal. Desde la perspectiva tradicional, los fiscales venían a operar durante la etapa de instrucción como una suerte de control para la actividad del juez que concentraba las facultades de investigar, juzgar y tutelar derechos. Era durante las etapas de recursivas o de debate oral cuando adquirían mayor protagonismo.

A su vez su organización, de acuerdo a su naturaleza cuasi judicial, era reflejo de la adoptada por la justicia (vgr. Fiscales de instrucción, de juicio, ante las Cámaras, etc.) y sus tareas se fragmentaban de acuerdo con dichos criterios.

Este cuadro de situación ha sido modificado de modo radical: en el marco del nuevo procedimiento de cuño adversarial, los y las fiscales deben asumir desde el primer momento la dirección de la investigación de los delitos, formular hipótesis investigativas para incorporar información y evidencias, adoptar medidas para asegurar que no se produzcan fugas ni entorpecimientos procesales, asumir el rol de parte en el procedimiento y peticionar y plantear sus pretensiones en el marco de audiencias orales, públicas, continuas y contradictorias en un contexto de plazo procesales acotados.

Asimismo la fiscalía debe asumir de modo activo la tutela de las víctimas y desarrollar políticas públicas de vinculación y comunicación con la comunidad en la que le toca intervenir.